Durante años, el litigio en los tribunales de la República presenció un fenómeno recurrente: la incorporación indiscriminada de capturas de pantalla fotocopiadas, transcripciones simples de conversaciones de WhatsApp y correos electrónicos impresos en papel, pretendiendo atribuirles el valor de documentos públicos o privados auténticos.

La práctica forense contemporánea ha desmantelado esa ilusión. En un ecosistema donde cualquier archivo digital puede ser alterado, editado o generado mediante herramientas básicas de edición o inteligencia artificial, el simple soporte en papel de un mensaje de datos carece de certeza técnica originaria.

La respuesta del máximo tribunal venezolano encontró su punto de máxima clarificación dogmática en la Sentencia N.° 1248 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, dictada el 15 de diciembre de 2022.

Precedente judicial de obligatoria observancia: Sentencia N.° 1248 — Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Expediente N.° 20-0396, Ponencia de la Mag. Gladys María Gutiérrez Alvarado). Carácter vinculante para todos los tribunales de la República Bolivariana de Venezuela. Consultar Sentencia Oficial TSJ (PDF) →

Este pronunciamiento no representó una simple resolución incidental; fijó un criterio vinculante erga omnes que redefine la manera en que jueces, fiscales y abogados deben abordar la prueba electrónica en cualquier materia procesal.

1. El núcleo vinculante: equivalencia funcional y fe procesal

El aporte medular de la Sentencia 1248 radica en materializar de forma definitiva el principio de equivalencia funcional consagrado en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas.

La Sala Constitucional determinó que las actuaciones procesales y los actos jurídicos suscritos mediante Firma Electrónica Certificada —emitida por un Proveedor de Servicios de Certificación (PSC) debidamente acreditado ante la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (SUSCERTE)— gozan de plena eficacia jurídica y valor probatorio en juicio, exactamente equiparables a la firma autógrafa tradicional.

La consecuencia procesal es directa:

Ningún tribunal puede desconocer, rechazar o demeritar un acto o documento por el mero hecho de encontrarse instrumentado en formato electrónico o suscrito mediante firma digital certificada.

El fallo clausuró la resistencia formalista que persistía en diversos tribunales de instancia, donde se exigía la presencialidad física o la tinta sobre papel para otorgar validez a instrumentos que la legislación especial ya reconocía plenamente.

2. La anatomía del mensaje de datos: ¿por qué decae el «pantallazo»?

Para comprender la trascendencia del criterio, conviene distinguir la naturaleza jurídica de los elementos en juego:

Cuando una parte consigna en juicio una hoja de papel con la captura impresa de un chat o un correo, lo que está incorporando a los autos no es un mensaje de datos, sino una reproducción fotostática simple sujeta a las previsiones del Código de Procedimiento Civil y el Código Civil.

Bajo las reglas procesales venezolanas, si la contraparte impugna o desconoce dicha copia simple, la carga de la prueba recae íntegramente sobre quien la promovió. Si el promovente no cuenta con el soporte original, no preservó la cadena de custodia o no practicó una prueba técnica complementaria, la supuesta prueba queda desprovista de eficacia probatoria.

El mensaje de datos vive en el entorno binario. Su autenticidad no deviene de lo que se ve en una pantalla, sino de sus propiedades matemáticas: su encabezado, sus metadatos de transmisión, la dirección IP de origen y destino, y fundamentalmente su integridad algorítmica.

3. La articulación con el Artículo 395 del Código de Procedimiento Civil

El legislador procesal previó en el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil el principio de libertad de medios probatorios:

«Son medios de prueba admisibles en juicio aquellos que determina el Código Civil, el presente Código y otras leyes de la República. Pueden también las partes valerse de cualquier otro medio de prueba no prohibido expresamente por la ley, y que consideren conducente a la demostración de sus pretensiones...»

Las comunicaciones electrónicas no certificadas de origen operan precisamente como medios de prueba libres o atípicos. Pero la libertad de promoción no exime de la rigurosidad en su evacuación.

Para que un medio de prueba libre surta efecto demostrativo frente a la sana crítica del juez, debe ser promovido indicando el medio técnico a través del cual será verificado. Si se promueve una comunicación digital sin un acta de fijación pericial o sin un cotejo técnico con el dispositivo emisor, la contraparte la desarmará con una simple objeción formal de desconocimiento.

4. La solución técnica: Fijación criptográfica y Actas de Legajo Digital

Frente a este escenario procesal, la doctrina práctica y la ingeniería jurídica convergieron en un mecanismo de blindaje preventivo: el Acta de Certificación de Legajo Digital.

Este procedimiento, desarrollado por firmas periciales especializadas como Fernández Certificaciones, resuelve el problema mediante una secuencia técnica rigurosa:

1. Fijación Técnica (Hash SHA-256): Se procesa el archivo digital (audio, video, PDF o base de datos de chats) mediante algoritmos criptográficos robustos que generan una huella matemática unívoca e irreversible. Cualquier alteración de un solo bit en el futuro cambiaría por completo dicho código, acreditando de inmediato su manipulación.

2. Fe de Recepción y Conformación de Legajo: El profesional pericial o abogado verificador deja constancia detallada del número de folios, bitácoras de extracción y correspondencia con el soporte original tenido a la vista.

3. Estampación de Firma Electrónica Profesional Certificada: El documento contenedor se sella mediante un certificado digital emitido bajo el marco rector de SUSCERTE, dotando al instrumento de fecha técnica, autoría indiscutible y amparo directo bajo la Sentencia 1248 del TSJ.

El resultado procesal es contundente: el medio probatorio ya no ingresa al debate como un pantallazo anónimo, sino como un documento electrónico con presunción legal de integridad, blindado frente a la tacha o el desconocimiento infundado.

5. Conclusiones para la práctica forense

El ejercicio del litigio moderno exige abandonar la improvisación en el tratamiento de la evidencia digital. De la doctrina sentada por el Tribunal Supremo de Justicia se desprenden tres reglas de oro para el profesional del derecho:

Primera: La captura de pantalla impresa no constituye prueba plena; es una mera representación gráfica sujeta a fácil adulteración y tacha procesal.

Segunda: La firma electrónica certificada respaldada por un proveedor acreditado ante SUSCERTE ostenta plena validez vinculante en todos los fueros (civil, mercantil, laboral, penal y contencioso), de conformidad con la Sentencia 1248/2022.

Tercera: Toda comunicación electrónica sensible susceptible de ser promovida en litigio o incorporada a un contrato privado debe asegurarse preventivamente mediante fijación de resumen criptográfico (SHA-256) y protocolización en legajo digital.

Quien asegura técnicamente su evidencia antes de que surja el conflicto procesal, no solo preserva la verdad de los hechos, sino que garantiza que la justicia no se desvanezca por una deficiencia formal en el expediente.